En la Argentina existe una ley, la Nº 25.326,
de Protección de los Datos Personales, que establece la protección integral
de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos, sean
éstos públicos o privados. La utilización de datos sobre origen racial y étnico,
opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación
sindical e información referente a la salud o a la vida sexual, no
podrán tener finalidades contrarias a las leyes o a la moral
pública.
Es precisamente esta ley la que ha sido violentada por
parte de un grupo de periodistas que se ocuparon de preparar desde
2018 un listado de organizaciones sociales, políticas y religiosas,
además de personas muchos de los cuales rechazan el aborto y la concepción
anticientífica del "género", entre otros,
adjudicándoles la pertenencia a posturas ideológicas “de
derecha” y al
“conservadurismo”.
El listado de más de
370 nombres incluye una caprichosa selección que políticos,
organizaciones y activistas, en muchos casos con difusas posturas y
dudoso compromiso (en cuanto a la defensa de la vida), pero que a los
“investigadores” les pareció bueno incluir.
Al
igual que un mercenario que sale a matar por dinero, Ingrid
Beck, Soledad Vallejos, Juan Elman,
Paula Rodríguez, Paula Hernández y
Florencia Alcaraz, entre otros, gestionaron sus beneficios
desde 2018 golpeando las puertas de Planned Parenthood
Federation, la multinacional abortista socia de Barack
Obama y Joseph Biden que se confabuló para
violar la Constitución y el marco jurídico que se le subordina y lograr que
en la Argentina se sancione una ley que mate niños antes de nacer, a
demanda.
Hablando claro: un grupo de activistas -de escasa
capacidad periodística- se asocia a poderes extranjeros para violar
nuevamente una ley y así atacar a ciudadanos y organizaciones civiles y
religiosas argentinos a los que consideran sus
enemigos.
La reacción frente a esta “lista
negra” -aunque haya sido elaborada sin criterios, método ni
exigencias- no se hizo esperar. Muchos se mostraron
orgullosos de ser señalados, otros se
lamentaron por no estar incluidos, hubo quienes no entienden
cómo algunos fueron incluidos en una lista de conservadores u opuestos al aborto.
Ante la “bolsa de gatos” de este
listado en un sitio web que desde la noche del domingo 13 de
Junio dejó de estar en línea, muchos calificaron la intención como
propia del fascismo (el movimiento político creado por Benito
Mussolini en 1919) o de la Gestapo (la fuerza de
choque de Adolf Hitler creada en 1933).
Además de la Ley de Datos Personales, el “trabajo periodístico” que
concluyó en un “panfleto web” también viola la Constitución, toda vez que se
allí se protege la publicación de ideas, se rechaza la censura y se asegura que
todos somos iguales ante la ley, aunque pensemos distinto.
Los
actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza,
religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición
económica, condición social o caracteres físicos”, establece la ley Nº
23.592,
contra la discriminación. Y es discriminar, en su sentido negativo, publicar
animosamente la postura, adhesión o pensamiento de un grupo de personas, máximo
cuando lo que se pretende es… respetar la vida de los argentinos más indefensos,
la educación sin anticientíficas teorías o la Ley Fundamental.
Lo cierto
es que la intención de estos periodistas –algunos contratados por los
medios gubernamentales- es sembrar sospechas de conspiración, cuando
eso es precisamente lo que miembros del espectáculo, la cultura, de la prensa y,
por supuesto, autoridades nacionales (desde hace casi 10
años) han llevado adelante para imponer la locura genocida del
aborto.
Logrado el objetivo del aborto a demanda -con trampas y presiones de
todo tipo-, estos enemigos de la vida y la honestidad, que odian todo
aquello con lo que no coinciden (o no entienden), siempre hallarán
camino para seguir destruyendo los valores de la Argentina.
Le corresponde a los más dignos integrantes de la “lista
negra” (que no todos lo son), accionar
judicialmente contra todos los involucrados en la elaboración y
difusión del panfleto web, además de dedicar sus esfuerzos diarios a salvar
niños de las garras del aborto y a los ancianos y enfermos de la brutalidad de
la eutanasia, proteger a los alumnos de las perversiones de
“género” y restaurar la cultura de la vida y el
respeto en nuestro país.
