El 6 de Octubre de 2019 el diputado nacional y candidato a gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof, aseguró en una entrevista que "con la pérdida de empleo, hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo".

Inmediatamente el Pbro. Osvaldo Del Piero, titular de la pastoral de las adicciones, expresó lo que muchos saben: No hay relación directa entre el estrato económico y la participación en el delito del negocio de la droga. "No es que si baja o aumenta la pobreza habrá más gente que venda. Hay otros factores culturales que influyen en este tema”.

Kicillof, siendo diputado, fue parte de los que intentaron con encendidos discursos la legalización del delito del aborto en el Congreso y en 2020, ya en el cargo de gobernador, autorizó la compra de la droga homicida Misoprostol y adhirió al protocolo que facilita la eliminación de niños en hospitales públicos.

Por estos días, la toma de tierras en el sur del país expuso a la antropóloga Sabina Frederic con sus dichos de que tal delito no era un tema de seguridad y, curiosamente, denunció a los vecinos que se oponían a la avanzada ilegal. Tres días después, cambió de postura y declaró “Son actos ilegales y nos preocupan”.

Alberto Fernández, que en 2019 se anunciaba partidario de la unión de los argentinos, una de las primeras medidas como gobernante fue implementar una medida inconstitucional desde el ministerio de Salud para que se facilite el delito de matar niños antes de nacer. Y no paró de anunciar que tiene listo el proyecto de legalización del aborto para enviarlo al Congreso.

Al igual que hacen habitualmente los políticos con cargo o sin él, sólo es válido lo que se hace desde su espacio político y jamás aceptan críticas, ni se avienen a reconocer fallas o errores de cálculo. Como lo señala claramente el manual de procedimientos de los funcionarios argentinos: Todo lo que funciona es "su" mérito y todo lo que está mal o no funciona es responsabilidad de los ciudadanos o de la oposición.


UN VIRUS QUE CONTAGIÓ AL 0,35% DE LA POBLACIÓN MUNDIAL Y AL 1%VDE LOS ARGENTINOS

Ginés González García –otro vehemente partidario del falso derecho a matar niños- había desestimado que el Covid-19 pudiera llegar a la Argentina. "No hay ninguna posibilidad de que exista coronavirus en Argentina" dijo al comenzar el 2020. En Abril aseguró que estamos “menos mal” que “cualquier otro país” y “vamos por debajo de la simulación más optimista”. En Julio el ministro confesó que pensaba que los casos de coronavirus “iban a bajar como consecuencia de la cuarentena” y en Septiembre mostró su preocupación ante el desgaste de médicos y enfermeros, advirtiendo que si no hay "una conducta distinta" en la población para prevenir los contagios, habrá "un mal final".

Muchos tienen la entendible sensación de que este gobierno está en ejercicio desde hace muchísimo más tiempo del que realmente pasó. No es para menos. La pérdida definitiva de empresas y comercios con su consecuente daño a la economía personal y la sana dinámica del país, la oscilación en las medidas en medio de constantes cálculos políticos partidarios y la incertidumbre frente a lo que se vendrá cuando la emergencia sanitaria quede en un segundo plano, hacen que todos experimenten una lógica saturación y hartazgo de que se le asigne al coronavirus que se contagió el 1% de los argentinos (el 2,1% de ellos falleció) la responsabilidad de la tragedia.

Las declaraciones del presidente acusando de irresponsable, de atentar contra el futuro de la Argentina, a todo aquel que no adhiera a las medidas de su gobierno no debe sorprender. Siempre hemos sido testigos de mandatarios que han calificado de desestabilizadores a quienes les marcaban en público sus errores. En ocasiones secretamente y otras veces de forma más evidente, todos los que asumen el poder desean ser emperadores, sin debate, sin críticas, sin consultas, salvo a los falsos opositores y a los obsecuentes.

“Este es un país donde se mal informa” expresó Fernández con su habitual beligerancia verbal para señalar al periodismo que se atreve a poner en evidencia sus incoherencias, sus desatinos, sus desequilibrios.

Y, como si fuera necesario, Fernández ahora estimula para el fin de la emergencia por el SARS-Cov2 un "banderazo" hecho por los "argentinos de bien", como osó definir a los que son de su tropa. Nuevamente dice que le preocupa el bienestar de los argentinos, pero sólo piensa en los que votaron a la alianza que encabeza, por obra y gracia de Cristina Fernández de Kirchner.

Y no se guardó nuevamente su hipocresía al decir que "su" marcha va a ser de “los argentinos que no queremos muertos”.


UN PLAN DE SEGURIDAD EN EL CONURBANO EN BUSCA DE LA IGUALDAD…

El viernes 4 de Septiembre Alberto Fernández encabezó el lanzamiento de un plan de seguridad en que no se guardó la justificación de la delincuencia. Según el presidente argentino la causa de que haya personas que delinquen es la "desigualdad".

Para el abogado Fernández –como lo aseguraba Kicillof en 2019- "muchas veces el que delinque lo hace porque no encuentra un futuro o una alternativa mejor que el delito". Muchos, inevitablemente, pensaron si sus socios políticos -que tanto dinero acapararon y están enjuiciados o detenidos- cometieron los delitos porque no se cruzaron con "una alternativa mejor".

Por los anuncios, surge que Fernández utilizará para reducir la "desigualdad" 10.000 nuevos policías, 2.200 nuevos móviles, 4.000 paradas de colectivo, 12 nuevas cárceles y 3.957 nuevos efectivos de las fuerzas federales, refacciones en comisarías, chalecos antibalas, cámaras de seguridad, armamento y tecnología analítica aplicada.

Este plan, que no resuelve los miles de puestos de trabajo que se perdieron con las medidas ante el Covid19, implicará un gasto de casi 500 millones de dólares.

Los que sí deben estar contentos por estos días son los 49.000 travestis que serán incorporados en cargos en el Estado por el decreto de Fernández. Por supuesto, le devolverán el favor en las próximas elecciones y achicarán la fenomenal pérdida de votos que se ha sabido ganar en algo más de 8 meses.