La ansiada tercera jurisdicción policial sería una realidad después de una década
El problema de la inseguridad creciente -descalificada por distintos funcionarios provinciales y nacionales en varias ocasiones- no se soluciona solamente con más uniformados en las calles pero, sin dudas, tal escenografía puede desalentar la concreción de muchos delitos y, eventualmente, un accionar más eficaz cuando el hecho está consumado.
Si a una mayor presencia policial se le suma la ya reconocida eficacia de las cámaras de seguridad –en San Isidro hay 920 instaladas y monitoreadas las 24 horas-, es posible imaginar un escenario menos agobiante frente a una temeraria ola de inseguridad.
Es necesario también, contemplar la participación que en este tema tiene la Justicia -que más de una tragedia ha permitido al dejar en libertad a delincuentes peligrosos- y sumarle también un Servicio Penitenciario, que no nos demuestra capacidad suficiente para reinsertar en la sociedad a los detenidos.
Quienes hemos estado atentos podemos recordar insistentes menciones desde hace cerca de una década del intendente de San Isidro, Dr. Gustavo Posse, sobre la conveniencia de una tercera jurisdicción de policía, siguiendo las experiencias de otros países, donde están el distrito federal, el provincial o estadual y el local.
El acto llevado a cabo con la presencia de funcionarios provinciales podría ser considerado histórico, toda vez que somos muchos los que escuchamos decenas de veces el reclamo del Dr. Gustavo Posse, siempre con la advertencia de que tal jurisdicción policial también debe llegar con fondos para costearla.
Baste ahora considerar, frente al proyecto que presentara por estas horas el gobierno provincial, que la capacitación de la policía comunal será un costo a asumir por parte del municipio. Deberá contarse también con instalaciones, sueldos de capacitadores (los aspirantes cobrarían sueldo como en las escuelas de formación policial descentralizadas), armamento, equipamiento de seguridad, ropa, etc. Todo eso, si bien estaría al servicio de una novedad que traería tranquilidad a los vecinos, deberá ser afrontado por las arcas municipales, salvo que al proyecto presentado por Scioli se le pueda incorporar la necesidad de traslado de recursos por un tema que, hasta el momento, es sólo responsabilidad provincial.
Dicho de otra forma: la legislación vigente señala con claridad que la responsabilidad de la seguridad en la provincia le corresponde al gobierno con sede en La Plata. Por ello todos los ciudadanos pagamos impuestos, para costear entre otras esa función provincial.
Si la nueva jurisdicción establece que, al menos en parte, la responsabilidad de la seguridad está en el municipio, también en parte deberían llegar recursos para su sostenimiento y tal vez los exiguos sueldos anunciados para los aspirantes no sean suficientes.
De todos modos, vale destacarlo, es alentador que existan más fuerzas policiales que esperemos que estén correctamente formados, sólidamente equipados, estrictamente controlados, aunque despegados de cualquier uso político-partidario.
Finalmente, insistimos, cualquiera comprende que la insaciable ola de inseguridad no se soluciona sólo con más policías. Es necesario que la Justicia revise procedimientos e interpretaciones, que el Servicio Penitenciario replantee profundamente su funcionamiento y que el poder político actúe con firmeza y constancia en la lucha estratégica contra la pobreza y el delito en todas sus formas, sobre todo las ligadas al narcotráfico.
