Defensa corporativa para el cuestionado juez Rafael Sal Lari
En lo que bien puede interpretarse como una defensa "corporativa" a cuestionados miembros del Poder Judicial, un grupo de magistrados del Departamento Judicial de San Isidro elevó una nota al titular de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires -quien, a su vez encabeza el jury de enjuiciamiento-, manifestando su "preocupación" por la apertura de instancia de juicio político para los jueces de garantías, Esteban Rossignoli y el polémico Rafael Sal Lari por mal desempeño de sus funciones, por haber liberado delincuentes de suma peligrosidad. Ese documento, habría tenido ciertas influencias de dirigentes políticos de la zona norte.
El escrito -versión similar a una de meses atrás, pero con mayor número de magistrados firmantes- sostiene que "el mensaje que emerge de la continua amenaza de iniciarse procesos como los antes aludidos, no es otro que disciplinar a los jueces con miras a que sus resoluciones se adecuen a la presión, los humores o la cambiante opinión del momento, con independencia de lo que la Constitución y la ley imponen en cada caso".
Lo sugestivo de la nota y a quien va dirigida (no solo titular de la Suprema Corte sino también presidente de la comisión de juicio político) es que no está hecha a título personal sino en su "carácter de Magistrados del fuero" local (sic).
No menos sugestivo es que los magistrados hablen de "amenaza" -que, como es público y notorio, es un delito -olvidando que ellos como funcionarios públicos- al fin de cuentas, también lo son los magistrados-, más aún como jueces, están obligados a denunciar si es que está en su conocimiento la comisión de dicha irregularidad.
"La división de poderes -propia de un sistema republicano de gobierno- así como la institucionalidad democrática, se debilita si tales procesos, motorizados por campañas mediáticas que pretenden responsabilizar al Poder Judicial por el preocupante de la inseguridad, cuando es notorio que la Justicia, por mandato constitucional, se encuentra llamada a intervenir luego de acaecido aquel hecho con apariencia delictiva que se origina en las falencias de la prevención policial o por desigualdades sociales, sobre las que la justicia penal carece de facultades para actuar", resaltan los magistrados. Olvidan que el "sistema" de controles republicanos de división de poderes se funda en que exista un contralor en los distintos poderes y que el "jury" es un órgano de contralor de política de conductas.
Entre los firmantes se encuentran los jueces Leonardo G. Pitlevnik, Juan Eduardo Stepanido, Luis C. Cayuela, Ricardo José Costa, Nicolás Ceballos, Celia Margarita Vázquez, Clarisa Moris, Lino Mirabelli, Gabriel A. David, Juan Facundo Ocampo, Gustavo Herbel, Osvaldo Rossi, Hernán Julio San Martín, Victor Elías García Maañon, Hernán Sergio Archelli, Andrea Pagliani, Raúl Albero Neu, Andrés Martín Mateo, María Emma Prada, Marta de la Arena, Mario Eduardo Kohan, Ariel A. Introzzi Truglia y Luis María Ricci.
La referida nota al titular de la Corte bonaerense tiene fecha 31 de Marzo pasado. El 28 de Abril se dio otra curiosa circunstancia. Tres de los magistrados firmantes (Lino Mirabelli, Clarisa Moris y Mario Eduardo Kohan), tuvieron que dictar sentencia en el caso de los acusados por el asesinato del ingeniero Carlos Regis, cruelmente muerto a balazos en julio de 2008, en su casa de Beccar, por dos delincuentes que, en una causa anterior, habían sido liberados: Uno por el juez Rossignoli y el otro por Sal Lari. Cabe destacar que durante el juicio, uno de los imputados por el crimen, tras permanecer prófugo unos meses, se presentó detenido tras abonar a su abogado 10.000 pesos, para garantizarle su pronta puesta nuevamente en la calle, hecho que efectivamente sucedió, dispuesto por el cuestionado juez Rafael Sal Lari.
La causa anterior a los ahora condenados por el asesinato de Regis estaba motivada por la fruslería de armas de guerra, con miras láser y proyectiles de punta hueca, más fuga y resistencia a la autoridad.
Como el tema saltó a la luz por boca de uno de los propios imputados en el crimen, y a pedido de la fiscalía al Tribunal Oral en lo Criminal N° 2, que preside Mirabelli, no le quedó más resquicio que disponer una investigación especial sobre el tema respecto de los dinerillos que permitieron la rápida libertad de uno de los que luego cometería el asesinato de Regis.
Obviamente, por las abrumadoras pruebas obrantes en la causa y nuevamente de acuerdo con lo pedido por la fiscalía, sentenciaron a cadena perpetua a ambos delincuentes.
Se dice que la audiencia por la sentencia del caso -a la única que pudo asistir la prensa- se inició con una demora importante pues los magistrados debieron reescribir algunas partes del fallo.
Por otra parte, el fallo en cuestión no ha hecho otra cosa que reforzar los planteos de la familia Regis, y que en su representación realizó el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, para el pedido de juicio político tanto a Rossignoli como Sal Lari.
Es obvio que en el ámbito judicial reina cierto "espíritu corporativo", o suerte de autodefensa de sus integrantes. La nota de los magistrados no deja resquicio para otra interpretación.
Pero, además, en el mundillo tribunalicio circulan fuertes e insistentes versiones en el sentido de que personalidades de la política de la zona norte influyeron para que aumentara rápidamente el número de firmantes o adherentes a la carta al titular de la Corte. Quienes saben abrevar en la "corte" de los magistrados juran y perjuran que un legislador provincial, que no sería otro que Guido Lorenzino -satélite político del ahora venido a menos ex jefe de gabinete de ministros y actual intendente de Tigre, Sergio Massa- es quien habría convencido a magistrados del Departamento Judicial que tienen su asiento en ese municipio, para que así lo hicieran.
Coincidentemente -cada vez son menos los que creen en las coincidencias-, poco antes de la sentencia por el caso del asesinato de Regis, el jefe comunal de Tigre elogió al cuestionado juez Sal Lari por haber dispuesto la detención de sospechosos de un intento de robo que registraron las cámaras de seguridad de ese municipio, aún cuando la presunta víctima del delito se negaba a formular denuncia contra los imputados, ante lo cual el fiscal original del caso, archivaba la supuesta causa, inasible desde ya antes de la ausencia de afectado. Es decir, en los papeles no había víctima pero sí victimarios.
Llamativamente, la oficiosa queja de Massa ante las cámaras de televisión y otros medios de comunicación, hizo que el fiscal general Novo dispusiera el cambio de fiscal en una causa que no se sabe como terminará, pues se inició solo con el testimonio fílmico de las cámaras comunales, y ante una "víctima" que dos veces se negó a presentar denuncia por el hecho y aclaró que no le habían robado absolutamente nada. Puesto en el contexto general, el hecho no deja de ser muy llamativo.
No menos llamativo y, además, "coincidentemente", es que el diputado provincial Lorenzino -de fracasada candidatura a la intendencia de Vicente López- es miembro de la comisión de juicio político que debe tratar los casos de Sal Lari y Rossignoli.
Si efectivamente es como consignan tales versiones, los magistrados firmantes de la nota al titular de la Suprema Corte estarían borrando con el codo lo que firmaron con su puño, pues de hecho su gesto habría sido auspiciado por las "influencias" o por "presión" de miembros de otros poderes. Queda visto, entonces, que a los jueces también "les caben las generales de la ley".
