El gobierno nacional y el destino de las bibliotecas populares
El Decreto de Necesidad y Urgencia y la Ley Ómnibus elaborado por el gobierno nacional, si son legitimados, eliminaría los fondos especiales que financian la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, lo que, en muchos casos pone en riesgo la supervivencia de estas instituciones y la continuidad de sus fines.
Si se aprueban las propuestas del Ejecutivo, ya no habría recursos económicos que ayuden a la compra de libros y materiales, actividades de promoción de la lectura, el mantenimiento edilicio, el personal, el equipamiento, las tarifas diferenciales de servicios, el pago de Internet, los beneficios fiscales y franquicia postal, entre muchas otras cosas.
Las bibliotecas populares han sido y son el ámbito propicio de estudio en especial de niños y jóvenes, además de la oportunidad de acceder al retiro de libros para personas de toda edad. Sin dudas, un factor de promoción del desarrollo de la sociedad.
Es verdad que los aportes de la CONABIP no son los únicos ingresos de una biblioteca popular. Están las cuotas sociales (nunca suman lo suficiente), las actividades como cursos, talleres y hasta espectáculos. Las gobernaciones y las municipalidades, por su parte, suelen destinar subvenciones, además de ayudas excepcionales para obras puntuales.
El proyecto de Ley Ómnibus modifica la Ley N° 23.351 de Bibliotecas Populares de 1986, con lo que el gobierno de Javier Milei eliminaría el fondo especial producto de un gravamen a los premios de la Lotería Nacional, que representa más del 50% del presupuesto de la CONABIP.
De esta manera se propone que las bibliotecas dependan de los aportes que el Congreso decida, para lo que deberán demostrar "la necesidad social de los servicios en la zona de influencia".
Si la Ley Ómnibus se aprueba, el organismo pasaría a llamarse Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, dependiente de la secretaría de Cultura y estaría a cargo de un presidente, un secretario y cinco vocales designados por el Poder Ejecutivo (sólo el primero con remuneración).
La CONABIP -creada en 1870 tomando como inspiración los Clubes de Lectores de E.U.A.- es un organismo creado para fomentar el fortalecimiento de las Bibliotecas Populares como organizaciones de la sociedad civil e impulsa su valoración pública como espacios físicos y sociales relevantes para el desarrollo comunitario.
Desde la primera biblioteca popular organizada en San Juan en 1866 -provincia natal de Domingo Faustino Sarmiento-, estas instituciones independientes, dirigidas ad honorem por vecinos, han surgido en todo el país llegando a casi 1.500, con más de 4 millones de usuarios, miles de voluntarios y empleados.
La modificación propuesta reduce las posibilidades de sostenimiento y mejora de las bibliotecas populares que son, en muchos pueblos pequeños más aún, una oportunidad de acceso a la literatura, al estudio y un foco de actividad cultural, con la imprescindible labor de la comunidad ad honorem.
La idea de que hoy el mundo digital y las publicaciones electrónicas han ido desplazando al libro en papel y a las bibliotecas, sólo puede ser planteada por gente que desconoce la realidad. Las bibliotecas en las ciudades más importantes del mundo están nutridas de libros en formato físico, aunque ofrezcan opciones digitales entre sus servicios.
¿Qué sentido tendría poner palos en la rueda a las bibliotecas populares si, como es comprobable, se busca remontar el calamitoso resultado de la educación pública en el país?
Puede ser que las bibliotecas populares deban ser reformuladas, observadas y fiscalizadas para que prioricen su misión fundamental (facilitar el acceso al conocimiento y la cultura), pero armar un plan para desfinanciarlas sólo demostraría desconocimiento o, tal vez, desprecio por el valor educativo y comunitario que tienen en cada comunidad de la extensa Argentina.
