Aunque no existe en la Argentina ninguna "I.L.E." (interrupción legal del embarazo) más que en escasísimos casos y los gobiernos militantes se ocupan de engañar sistemáticamente a la población, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó este jueves 16 de Julio la adhesión al protocolo nacional para la eliminación "legal" de niños antes del parto, incluso hasta casi el momento del mismo, y dejando de lado a los padres si la madre es menor.
Como muchos saben, el inconstitucional protocolo impuesto por el ministerio de Salud de la Nación, en manos de Ginés González García, fue una de las primeras acciones del gobierno de Alberto Fernández. Esa resolución administrativa tiene su más remoto origen en el inicuo fallo "F., A. L." de la Suprema Corte que, avasallando la Constitución Nacional y haciendo un perverso recorte del Código Penal, instó a la elaboración de protocolos de acción y a la no judicialización de los casos de supuestos abusos, violaciones o difusas causales "salud" para pedir un aborto.
Fueron 49 (no 50 como publica equivocadamente la agencia Télam) los legisladores porteños que votaron a favor, 7 votaron en contra y 3 se abstuvieron de votar este proyecto había sido presentado en Febrero de 2020 por la "Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito".
"La conjunción que votó afirmativamente está compuesta por macristas, larretistas, kirchneristas, santillistas, radicales y trotskistas", señaló Roberto Castellanos -ONG Pro Vida-, al repudiar el comportamiento de los legisladores que facilitaron con su voto que una mujer pueda solicitar la muerte de su hijo hasta los 9 meses de gestación, sin mediar intervención judicial, sin conocimiento de los padres si fuera menor y sin denuncia si fuera violación.
"La adhesión es un paso más en la Ciudad a favor del derecho a la salud de las mujeres", dijo la diputada abortista y presidente de la comisión de Salud de ese cuerpo, Patricia Vischi, la primera oradora de la jornada.
Paradójicamente, Laura Velasco (de la alianza de 22 partidos denominada "Frente de Todos"), dijo que en la mayoría de los casos de embarazo por abuso son niñas (FALSO. LAS NIÑAS NO SE EMBARAZAN) y adolescentes que sufren situaciones de "violencia intrafamiliar". El protocolo aceptado impone que no se debe exigir denuncia ni comprobación alguna cuando se argumenta que el niño a sacrificar se haya gestado en una violación, lo que GARANTIZA que el abusador cercano a la víctima SEGUIRÁ VIOLANDO sin pagar las consecuencias. El protocolo y los legisladores buscan asegurarle al delincuente un buen pasar.
La legisladora Lucía Romano (de la alianza del PRO y la Coalición Cívica denominada "Vamos Juntos") se ocupó de acomodar la realidad jurídica para decir que como las niñas de 13 a 16 años están amparadas por el Código Civil de 2015 que "reconoce su autonomía para decidir sobre su propio cuerpo", pueden matar a su hijo si así lo desearan. De la misma coalición Carolina Estebarena consideró que "se le tiene que dar a las mujeres la opción de no abortar y para eso hay que dar educación y contención", y pidió al Estado "considerar esa tarea y no dejarla solo en manos de las ONG".
Ofelia Fernández (Frente de Todos) agregó que "la I.L.E. ya es un 'derecho' y este protocolo viene a terminar con las 'restricciones'" que impiden acceder a esta práctica.
En 2019, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta -sin este protocolo asesino-, facilitó la muerte de 8.338 niños antes de nacer en hospitales públicos y centros de atención primaria de la salud. En el 84% de los casos fue con la droga Misoprostol, autorizada en su dosis letal para niños durante el gobierno de Mauricio Macri.
