El 23 de Febrero, una comisión del Parlamento Europeo aprobó un plan de extender la duración mínima del permiso de maternidad, para adecuarla a los criterios recomendados por la Organización Internacional del Trabajo. La propuesta será debatida a finales de mes en el pleno de la Cámara, donde no tiene asegurada la amplia mayoría que recibió en comisión. Si pasa, aún tendrá que ir al Consejo de Ministros, en abril o mayo, y ser ratificada por una mayoría cualificada de los Estados europeos.
La norma actual exige un mínimo de 14 semanas con una retribución igual o superior a la fijada para la baja por enfermedad (en el total de 14 semanas, no necesariamente en cada una). Casi todos los países de la Unión Europea permiten más, con muy diversos repartos entre duración y pago. Por ejemplo, Gran Bretaña da hasta 52 semanas: 6 con el 90% del salario, 33 con un subsidio de 123 libras (136 euros) cada una y 13 no pagadas. En cambio, en Alemania la duración del permiso es la mínima, 14 semanas, pero con el salario íntegro.
El nivel de retribución por maternidad varía mucho de un país a otro, y en los distintos periodos del permiso. Por ejemplo, en Portugal se puede elegir entre 120 días (17 semanas) con el 100% del salario y 150 días (21 semanas) con el 80%. Malta no incumple la normativa europea, pues la duración del permiso es de 14 semanas, aunque sólo paga 13 (pero con todo el salario, de modo que supera la remuneración mínima establecida en las 14 semanas obligatorias).
La propuesta del Parlamento incluye más medidas de protección. Una es que las empleadas no podrían ser despedidas dentro de los seis meses siguientes a la reincorporación tras el permiso de maternidad. Otra es que sería obligatorio dar opción a que el padre tomara parte del permiso, cosa que ya está prevista en la mayoría de los países.
La ampliación supondría una carga adicional para las arcas públicas y las empresas justo “cuando menos pueden permitírsela las economías de la UE”, en palabras de Lord Young, ministro británico de Relaciones Laborales. Mina Andreeva, portavoz de la Comisión Europea, replica que el plan ofrece suficiente margen de adaptación a las necesidades nacionales, pues permite a los Estados limitar el pago durante las 20 semanas, con tal que sea al menos equivalente al que se recibiría en caso de enfermedad.
Pero el gobierno británico piensa principalmente en la pérdida de flexibilidad laboral que implica subir la duración obligatoria, pues en prestaciones dinerarias la regulación nacional ya es mucho más generosa que el nuevo mínimo propuesto. Por eso el ministro ha anunciado que Gran Bretaña hará todo lo posible para que la reforma no salga adelante.
